Solo el 50% de los solicitantes de asisten a corte

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Según informe

Redacción
LA PRENSA

Miles de migrantes que fueron regresados a México tras pedir asilo en la frontera no se presentaron en sus audiencias y reciben a cambio una orden de deportación en ausencia.

Un programa activado por el gobierno de Donald Trump el 20 de enero del año pasado como parte de la política migratoria de 'tolerancia cero', está provocando que el 50% de quienes solicitaron asilo y fueron regresados a México a esperar por sus audiencias judiciales, reciban una orden de deportación en ausencia, según el informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, señala que, de acuerdo con los registros de la Corte de Inmigración, hasta fines de noviembre del año pasado más de 56,000 inmigrantes habían sido enviados de regreso a México para esperar sus audiencias de inmigración bajo los Protocolos de Protección de Migración (MPP).

Pero de todos quienes recibieron una Notificación de Comparecencia (NTA) para asistir a una audiencia, “un sorprendente 50 por ciento no se presentó debido a los muchos desafíos que enfrentan los peticionarios de asilo en las comunidades fronterizas donde se les exigió permanecer”, señaló el informe.

Datos del estudio

De acuerdo con los datos proporcionados por la Corte de Inmigración al TRAC, hasta finales de noviembre una proporción ligeramente mayor de los migrantes bajo el MPP “todavía estaban esperando su primera audiencia, en comparación con aquellos a los que se les permitió permanecer en los Estados Unidos”, quienes demoran más tiempo en ser citados.

“Esto fue cierto particularmente a medida que aumentaron los números de MPP, porque las cortes especiales que se han establecido escuchar casos de MPP aparentemente luchó por mantenerse al día”, indicó.

En las cortes especiales mencionadas en el reporte, erigidas el año pasado para enfrentar el alto número de casos de asilo que se registra en la frontera, jueces, abogados y activistas han denunciado que se celebran juicios secretos, donde el gobierno no permita el acceso de observadores independientes y los migrantes tienen dificultades para conseguir representación legal.

Ventajas y desventajas

“Los inmigrantes a los que se les permitió esperar en EEUU tenían más de siete veces más probabilidades de encontrar un abogado para representarlos que los migrantes derivados al programa MPP”, explica el TRAC.

También advirtió que, hasta finales de noviembre, “solo el 4 por ciento de los inmigrantes en los casos de MPP habían logrado conseguir representación legal”. Y que, por el contrario, “casi un tercio (32%) de aquellos a quienes se les permitió permanecer en EEUU obtuvieron representación de un abogado durante el mismo período de tiempo”.

Además, nueve de cada 10 inmigrantes a los que se les permitió permanecer en Estados Unidos habían asistido a todas las audiencias judiciales hasta ese momento, frente a solo el 50% de quienes esperan en México por un proceso similar.

Zonas peligrosas

En cuanto al clima de seguridad que enfrentan los migrantes bajo el Protocolo de Protección del Migrante, el TRAC menciona que “la situación es muy diferente” para quienes deben permanecer en México, “debido a los muchos desafíos que enfrentan los solicitantes de asilo en las comunidades fronterizas donde se les exigió aguardar”.

“Estos incluyen el secuestro, la violación y otras formas de violencia. Además, tampoco existe un mecanismo confiable para que los Tribunales de Inmigración notifiquen a los inmigrantes sobre la fecha, hora y lugar de su audiencia”.

El estudio también revela que muchos inmigrantes sin recursos para mantenerse durante su espera o que se convierten en víctimas de actividades delictivas, “deciden renunciar a su solicitud de asilo y regresar al país de donde salieron o trasladarse a otro lugar.” 

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Agents from the U.S. Customs and Border Protection Office (CBP) have denied entry to the country to Mexican asylum seekers, exposing thousands, including entire families and minors, to dangerous conditions in Mexican border cities, which is a violation of international refugee law, Human Rights Watch said today. Several dozen Mexican asylum seekers in Ciudad Juarez, Mexico, told Human Rights Watch in November 2019 that they had been rejected after attempting to apply for asylum at a U.S. port of entry. UU. Some had been waiting for their turn on a self-organized handwritten list for months to establish when it was their turn to appear at the port of entry. "The rejection by the Trump administration of Mexican asylum seekers at the border is a new low blow in their campaign to dismantle the protections of those seeking asylum," said Clara Long, principal investigator for the United States Program at Human Vigilancia de los derechos. "The prohibition of the return of refugees to the country they are fleeing from, including returns at the border, constitutes a fundamental obligation of international law." Human Rights Watch accompanied 46 Mexican asylum seekers, more than half of whom were minors with their parents, in their intention to appear before CBP agents on the Paso del Norte bridge between Ciudad Juarez and El Paso, Texas. CBP agents insisted again and again to asylum seekers that the port of entry was "too crowded." On November 22, Human Rights Watch saw how CBP agents rejected at least two Mexican families and one Mexican adult after explicitly informing agents fleeing Mexico and wishing to apply for asylum in the US. All countries, regardless of whether or not they have signed the 1951 Refugee Statute Convention, are obliged to respect the principle of customary international law of non-refoulement: the obligation of governments not to return a person to a country where he is at risk of being subjected to persecution, torture or other cruel or inhuman treatment. In April 2018, U.S. immigration officials they formalized a “metering” policy, a practice that allows only a limited number of asylum seekers to enter the ports of entry every day, although this was already documented for the first time by independent observers in mid-2016. measurements were initially applied to non-Mexican asylum seekers; The April 2018 directive suggested that the agency understood its obligation not to expose Mexican asylum seekers to the threat of persecution in Mexico by instructing CBP officials to “pay particular attention” to any effort by Mexican authorities to prevent Mexican citizens claiming fear of return from entering the US However, in recent months, the government has begun measuring Mexican asylum seekers. An independent academic study counted more than 11,000 waiting to enter the US across the land border in November 2019. The study estimated a total of 21,398 asylum seekers of all nationalities waiting to enter the U.S. Under the measurement system. In mid-November, the American Civil Liberties Union (ACLU) submitted a complaint to the Office of the Inspector General of the Department of Homeland Security with 18 examples of families and individuals of Mexican nationality who had applied for asylum and who had underwent the measurement system in Ciudad Juárez and Matamoros, Mexico. A class action”